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WILLIAM NAVARRETE
La Comisión del bledo
Encuentro en la Red, 10 de mayo de 2005
El bledo es una planta rastrera de la familia de las quenopodiáceas que
abunda como maleza y, en ocasiones, entorpece el crecimiento de ciertos
cultivos, aunque en algunos lugares se utiliza como comestible en ensaladas
u otros platos.
Sesión 61 de la Comisión de Derechos Humanos, Ginebra.
Recientemente, con motivo de la sexagésimo primera reunión de la Comisión de
Derechos Humanos de Ginebra (CDH), la máxima autoridad cubana, Fidel Castro,
dijo que le importaba un bledo "y al pueblo cubano también", agregó, los
resultados de la votación que de dicha reunión se obtuvieran.
No deseo extenderme en críticas innecesarias a la declaración del gobernante
cubano: nadie ignora que su discurso poco profesional y fuera del rango que
como jefe de Estado ocupa (ilegalmente) desde hace cuatro décadas y media,
ha dado, a lo largo de todo este tiempo, mejores muestras de incoherencia,
desproporción y provincianismo. Prefiero, en cambio, centrar la reflexión en
el motivo que inspira al agitador político a clamar en plena finca (su
finca) que el principal órgano del sistema de Naciones Unidas en materia de
Derechos Humanos le importa lo que la maleza en su latifundio.
Primero, se me antoja pensar que puede importarle un bledo el resultado
emanado de esta 61 reunión, porque la maleza en los campos de Cuba, crece,
real y metafóricamente, en toda la extensión de sus dominios. Hace rato que
para la Isla que fuera eminentemente agrícola este renglón de la economía ha
sido desatendido e incluso abandonado por las prioridades que exige el celo
del gran latifundista dispuesto, cueste lo que cueste, a no perder el œltimo
eslabón de su hegemonía: el poder.
Luego (y aquí lamentablemente nuestra mirada queda desviada por un instante
del gran latifundio de Birán en que quedó convertido el archipiélago cubano
para abarcar la escala internacional) habría que preguntarse en qué medida
la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra ha perdido, paulatinamente, desde
su fundación en 1946 hasta nuestros días, credibilidad y eficacia; una
regresión constante que obligó a la secretaria general de Amnistía
Internacional, Irene Khan, a declarar: "la Comisión está en peligro. Si no
reacciona con rapidez se volverá insignificante".
Composición y credibilidad
Creada por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, inmediatamente
después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la CDH elaboró en 1947 y
adoptó el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de Derechos
Humanos, de la cual Cuba, Estado miembro desde el 24 de octubre de 1945, fue
uno de los países signatarios. Además de la sesión anual, celebrada durante
seis semanas entre marzo y abril, la Comisión puede convocar a reuniones
extraplenarias cuando un conflicto de gravedad lo requiera. Tal ha sido el
caso durante la guerra de los Balcanes (1992), la masacre de Ruanda (1994),
el conflicto en Timor Oriental (1999) y las violaciones de los derechos de
los palestinos en los territorios ocupados (2000).
La primera razón que pone en peligro la credibilidad de la Comisión, y sin
dudas la de mayor peso, es la composición de la misma. Integrada por 53
Estados miembros, la CDH está compuesta hoy día por países como Arabia
Saudita, China, Cuba, Etiopía, Indonesia, Nepal, Sudán y Zimbabwe; o sea,
por un número considerable (entre otros) de violadores sistemáticos de los
Derechos Humanos. Dicha composición ha permitido que, tras cabildeos y
turbias negociaciones entre Estados que violan estos derechos, países como
Argelia, China, Arabia Saudita, Rusia, Zimbabwe e Indonesia (de donde
procede el presidente actual, Makarim Wibisono), escapen sistemáticamente a
un análisis y un dictamen de la situación interna que generan y propician
sus respectivos gobiernos.
Al respecto, sucede algo así como si los altos mandos de la justicia,
encargados de juzgar a una banda de malhechores, estuvieran equitativamente
integrados por justos y pecadores.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, ante el desparpajo de la
Comisión, ha dictado recomendaciones para reformar su erosionada
credibilidad. Sin embargo, la jurista canadiense Louise Arbour, quien ocupa
actualmente el puesto de Alta Comisionada de la misma, ha afirmado,
contradiciéndolo, que "su" organización no necesita reforma alguna. Por
supuesto, la señora Arbour debe imaginar que la democracia en el mundo
funciona como en su Canadá natal.
La Habana: 'no a los Pactos'
Para estabilizar el grado de compromiso moral de cada Estado miembro, la
Comisión ideó añadir a la Declaración Universal de 1948, dos Pactos
adoptados en 1996: el Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y
políticos y el Pacto Internacional relativo a los derechos económicos,
sociales y culturales. Aquí cabe precisar que, a pesar de ser un Estado
miembro de la Comisión, Cuba no adhirió ninguno de estos pactos ni sus
protocolos facultativos.
Aquí lo asombroso resulta que esta decisión no afectó en lo absoluto su
permanencia en el seno de la Comisión, como no la ha afectado tampoco las
sucesivas condenas y el desentendimiento de las observaciones y
recomendaciones de los representantes o relatores del Alto Comisionado en
cada Informe.
Durante la última sesión (marzo-abril de 2004) el ministro suizo de
Relaciones Exteriores, Micheline Calmy-Rey, inició el debate para decidir si
en el futuro sólo los Estados que aplican los seis Pactos de derecho
internacional público pueden aspirar a ser elegidos por la Comisión. Tiene
que estar bastante maniatado el mastodonte ginebrino para que semejante
debate necesite de un consenso. Pero además, ¿cómo se podrá obtener un
consenso mayoritario si se le está pidiendo a los bandidos que voten para
decidir si se les expulsa o no de los cargos de justicieros que usurpan?
En la sexagésima sesión (2004) Cuba fue condenada por 22 votos a favor, 21
en contra y 10 abstenciones. O sea, de milagro. El representante de
Zimbabwe, país violador de los derechos humanos, expresó que "su país se
oponía, ¡por principio! (la exclamación es mía) a las resoluciones contra un
país en específico". Por supuesto, el señor Chitsaka Chipaziwa,
representante de dicho país, estaba dejando claro que por aplicarse también
en Zimbabwe los mismos principios de violación de derechos humanos, no le
quedaba más alternativa que oponerse a una resolución contra La Habana.
La reacción de su homólogo del Congo no resulta menos extraordinaria: "Nadie
es perfecto en materia de Derechos del Hombre". Dicho como se dijo esto
parece una conclusión sacada después de una querella doméstica.
Tampoco faltó quien intentara desviar la atención de la resolución que había
presentado Honduras contra el gobierno cubano, hacia lo que no formaba parte
del contenido de la misma. Así, el representante de Togo expresó que después
de haber leído dicha resolución no había hallado nada en ella que mereciera
una condena (con respecto a la situación de Togo, debía haber añadido) y que
más bien recomendaba vivamente el fin del embargo estadounidense contra
Cuba.
Más lejos llegó todavía el representante de Sudán (país que uno se pregunta
cómo puede ser escuchado en materia de derecho internacional). Su
representante aclaró que lo que sí era una violación de derechos era el
embargo contra Cuba y alabó el internacionalismo cubano en diferentes países
de çfrica (o sea, la injerencia de otros tiempos para mantener gobiernos
ilegítimos de tendencia comunista en el poder).
La eficacia de la Comisión
En 2004, Christine Chanet fue designada como relatora para el caso cubano
tras la milagrosa condena. A la jurista francesa no sólo se le negó la
autorización de realizar un estudio de terreno en el país condenado, sino
que ninguna de las recomendaciones que ofreció en su Informe final han sido
respetadas desde entonces por el gobierno cubano: suscribir los dos Pactos
Internacionales de 1996, ratificar la moratoria contra la pena de muerte
acordada en 2000 y violada en 2003 tras el fusilamiento de los tres jóvenes
que desviaron el ferry de la bahía de La Habana, poner en práctica una
reforma del Código Penal cubano en conformidad con los artículos 10 y 11 de
la Declaración (firmada por Cuba en 1947, dicho sea de paso), crear una
instancia permanente para recibir las demandas de individuos que se
consideren víctimas de violaciones de derechos fundamentales y revisión de
las reglamentaciones de entrada y salida del territorio cubano, con vistas a
garantizar la libertad de circulación de los ciudadanos, tal y como lo prevé
el artículo 13 de la Declaración.
Hemos llegado al período de sesiones 61de la Comisión y La Habana no ha
aplicado ninguna de las recomendaciones de las sucesivas condenas
anteriores. Cuba nunca ha sido objeto de un Mandamiento específico (o sea,
de un mandamiento público por su situación alarmante, como ha sido el caso
de Cambodia, Birmania, Haití o Somalia), sino de Mandamientos temáticos
referidos a la libertad de expresión y detenciones arbitrarias
exclusivamente.
Tampoco tienen las organizaciones de derechos humanos de exilados cubanos
voz en este entierro, sino que participan en los foros paralelos que no
determinan el veredicto final. Lo que es más, el representante cubano en
Ginebra, Juan Fernández Palacio, se atrevió a hablar de la Comisión, en una
reciente audiencia, en términos de "un navío que se hunde por la pérdida de
credibilidad y la impunidad de los poderosos", como si el navío del que
hablase no estuviera justamente hundiéndose por el cargamento de pesado
bledo impuesto por países como el que pretende representar. Vergonzosa carga
que, en su marcha tortuosa, el mastodonte trasatlántico de Ginebra intenta,
sin ?xito alguno, de una vez por todas, descargar.
URL
http://www.cubaencuentro.com/opinion/20050510/a9682405f42f4c48eec6444cd67d1759.html
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