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WILLIAM NAVARRETE
Cierre por
obras
Encuentro de la Cultura Cubana, 12 de abril de
2006
Por vez primera desde su fundación hace sesenta años,
en 1946, la Comisión de Derechos Humanos, adjunta al
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC),
no se reunirá en Ginebra.
Su disolución corresponde a la aspiración del alto
ejecutivo de la ONU en materia de Derechos Humanos
de crear una nueva estructura, el Consejo de
Derechos Humanos (CDH), aprobado el pasado 15 de
marzo. Dicho Consejo entrará en vigor a partir del
próximo 19 de junio tras las elecciones que para
estos efectos se desarrollarán el 9 de mayo en la
ciudad de Nueva York, durante el sexagésimo período
de sesiones de la institución.
Debilitada en el transcurso de décadas por su
ineficiencia y dudosa legitimidad en materia de
composición, la antigua Comisión de Derechos Humanos
se había convertido en la antesala de un auténtico
mercadillo de domingo en que salían impunes aquellos
que lograban vociferar más alto su pretendida
inocencia, secundados por quienes, como ellos,
resultaban los violadores de Derechos Humanos más
connotados del planeta.
En numerosas ocasiones, organizaciones no
gubernamentales e incluso representantes de otras
instancias públicas relacionadas con los Derechos
Humanos habían destacado el carácter moribundo e
incompetente de dicha Comisión, donde países como
Sudán, China, Zimbabwe o Siria, violadores
permanentes de estos derechos, no sólo salían
indemnes en las resoluciones, sino que cabildeaban
para que otros Estados cómplices en este mismo
ámbito lograran escapar a un dictamen desfavorable
de la Comisión.
Visto desde esta perspectiva, la Comisión no tenía,
desde hace varios años, razón de ser. De modo que su
desmantelamiento y reestructuración en aras de la
creación de un nuevo órgano no podía menos que
alegrar a los demócratas del mundo que se habían
desentendido desde hace mucho tiempo del imbroglio
burocrático y fantasioso que representaba la
Comisión ginebrina. Más cuando las pocas condenas o
resoluciones que advertían a un Estado violador de
Derechos Humanos no constituían garantía alguna para
que ese mismo Estado enmendara o revisara su
política, arrogándose incluso éste (como en el caso
de Cuba) el derecho de impedir el ingreso en el país
de un observador o relator designado al amparo de la
resolución.
El nuevo Consejo de Derechos Humanos
Resultado de una amplia votación a favor, en la cual
sólo Estados Unidos, Israel, las Islas Marshall y
Palau se opusieron, quedó aprobada la constitución
del Consejo de Derechos Humanos que contará con 47
miembros elegidos por tres años (sin posibilidad de
ser reelegidos inmediatamente), tras una votación de
simple mayoría regida por un sistema de cuotas
regionales definido por áreas geográficas
continentales.
Dicho Consejo incluye dos novedades: por una parte,
dependerá exclusiva y directamente de la Asamblea
General de Naciones Unidas, y por otra, prevé la
suspensión de un país que cometa violaciones si se
obtiene, por votación, una mayoría de dos tercios de
sus miembros. En lo restante, las esperanzas
cifradas en este nuevo órgano se han desvanecido aun
antes de su puesta en funcionamiento.
Irregularidades crónicas
Lo que ha sucedido es que los cambios introducidos
en el novedoso CDH no son más que mero maquillaje
para, durante el tiempo que se desconozca su
verdadera esencia, crear la ilusión de un ajuste
positivo en la antigua Comisión que satisfaga las
exigencias de la sociedad contemporánea en materia
de Derechos Humanos. Por otra parte, es de suponer
que su creación (poco importan los magros resultados)
ha dado trabajo para justificar salarios a no pocos
de los efectivos permanentes de este capítulo en
Naciones Unidas.
Se trata, una vez más, de irregularidades crónicas
de la Comisión que son justamente las que más
sobresalen en sus pretensiones de justicia. Basta
con que se analicen superficialmente las cláusulas
electorales del CDH para que salte a la vista que su
talón de Aquiles continuará siendo el mismo que
arriesgaba la existencia de la Comisión anterior.
Ahora, tras el maquillaje operado, los mismos
Estados violadores de Derechos Humanos podrán
continuar campeando en el seno de la institución
llamada a salvaguardar la aplicación de los Derechos
Humanos en el planeta. Será suficiente que una
mayoría de Estados igualmente violadores de estos
derechos los elijan para que tengan, por tres años,
la dicha de ser los que lleven la voz cantante en
este delicado tema.
A ello se suma el hecho de que la asignación de
cuotas por áreas regionales implicará que trece
países de Asia formen parte del CDH; o sea, se le ha
concedido a esta área del planeta, particularmente
afectada por la violación de Derechos Humanos, dos
escaños suplementarios, con lo cual se garantiza que
China, Pakistán, Birmania, Corea del Norte, Vietnam
o Siria se conviertan en los jueces de Naciones
Unidas en materia de estos derechos.
Las nuevas asignaciones incluyen también dos escaños
suplementarios para el área de Europa del Este,
donde candidatos como Bielorrusia y la propia Rusia
podrán afilarse los dientes a la espera de ver
satisfechas sus aspiraciones de reguladores de
Derechos Humanos a escala mundial.
Esta nueva distribución escamotea de tres escaños al
área de Europa Occidental y países que la propia
Comisión cataloga como "el Grupo de los restantes",
en los que se encuentran Canadá, Estados Unidos,
Australia y Nueva Zelanda, que ven así reducidos a
siete sus diez puestos originales.
Para colmo, en el documento fundacional la noción de
libertad de expresión brilla por su ausencia, no así
la de respeto y tolerancia ante religiones y
creencias religiosas (este último es un aspecto de
muy difuso contenido, por cuanto una creencia
religiosa puede ser todo y nada a la vez, en
dependencia del número de adeptos que logre captar
para sus fines, cuales sean estos). Reporteros Sin
Fronteras, en un comunicado dirigido al CDH, señala
que dicha formulación recuerda a la que puede leerse
en la Constitución y leyes de prensa de muchos de
los países musulmanes más represivos del orbe.
Tampoco contempla el nuevo CDH la acreditación de
Organizaciones No Gubernamentales en el foro oficial
del Consejo, condenando una vez más la labor —de
seguro más eficaz— de cientos de organizaciones que
velan por el respeto de los Derechos Humanos a
participar indirectamente, a través de Foros
Paralelos, en las cartas y actas de denuncia. De una
protesta ante esta arbitrariedad se hace eco
justamente una declaración del 6 de abril de 2006,
encabezada por la ONG cubana M.A.R. por Cuba,
durante el V Foro Paralelo de Derechos Humanos, en
Ginebra.
Las aspiraciones cubanas
Nadie debe haber olvidado que el pasado año, durante
la sesión 59 de la Comisión de Derechos Humanos en
Ginebra, el gobierno de Cuba, a sabiendas de que su
condena resultaría inevitable, expresó mediante una
arenga de su máximo representante, Fidel Castro,
"que la Comisión le [importaba] un bledo",
recordando la poca importancia de esta planta
rastrera carente de interés nutritivo.
Ahora bien, si se consulta la lista de Estados que
se han apresurado en proponer sus candidaturas, se
podrá apreciar que el gobierno de la Isla ha sido
uno de los primeros en hacerlo a través de un
documento oficial emitido por su Misión Permanente
ante la ONU, en que se aclara que el país "reafirma
su voluntad de continuar trabajando sin descanso en
la consecución de la meta común del disfrute de
todos los derechos humanos por todas las personas y
todos los pueblos del mundo, sobre la base del
respeto a la Carta de las Naciones Unidas".
En ese mismo documento, fechado en la ciudad de
Nueva York, el 4 de abril de 2006, La Habana añade
que "Cuba espera que su membresía en el más
importante órgano especializado de las Naciones
Unidas en materia de derechos humanos, tenga un
impacto muy positivo no sólo para su propio pueblo,
también para el resto de la comunidad
internacional". Para añadir luego: "compartiremos
nuestras experiencias; aprenderemos de todos
aquellos que tengan buenas prácticas que
transmitir".
La candidatura de La Habana a estos efectos vale la
pena que sea estudiada cuidadosamente para entender
hasta qué punto la jerga en vigor en estas altas
instancias internacionales y la realidad en que
viven sumidos miles de ciudadanos bajo el látigo
feroz de dictadores y depredadores de Derechos
Humanos, son absolutamente incompatibles.
Más que una burla de agudo cinismo, la pretensión
del gobierno de Fidel Castro no sólo desmiente la
declaración anterior de que la "Comisión le
importase un bledo", sino que revela el
fortalecimiento de la esencia totalitaria del
régimen en un contexto regional (América Latina) en
que no cesa de aumentar el número de Estados
secuaces de la dictadura más antigua del hemisferio
occidental.
Esta situación no parece preocupar a la Alta
Comisionada de Naciones Unidas en Ginebra, Louise
Arbour, quien declaró recientemente, tras los
cambios "cosméticos" de la Comisión, que "nada debía
impedir que el nuevo CDH fuera fuerte y robusto". La
señora Arbour deberá seguramente entender el
concepto de robustez y fortaleza desde la
perspectiva de la legalidad para reprimir y violar
que legitimará en lo adelante a Estados que, como el
cubano, se disponen a ser elegidos
"democráticamente" para ocuparse de la aplicación en
el mundo de los principios que el CDH cree defender.
Kofi Annan, que recomendaba desde inicio de 2005 una
reestructuración de la Comisión, ha pronunciado,
ante la evidencia de que el CDH no cumplirá tampoco
el cometido que se espera, la enigmática frase: "no
debemos dejar que lo mejor sea enemigo de lo bueno".
Evidentemente, a estas alturas, ya ni sabe qué es lo
mejor ni qué es lo bueno, pues ninguno de los dos
organismos lo han sido ni lo son.
Ante el escepticismo del embajador norteamericano
ante la ONU, John Bolton, Annan y la propia Amnistía
Internacional se han entusiasmado con la posibilidad
de que con el nuevo CDH el historial de un país en
materia de Derechos Humanos pueda ser tenido en
cuenta.
Pero, ¿de qué historial se está hablando si las
mayores democracias del planeta, las que mejor
historial tienen en este sentido, han sido relegadas
a un rango participativo inferior con respecto a
regímenes totalitarios que ahora tienen vía libre
para ocupar la mayoría de los escaños? ¿De qué
historial, si países como Canadá, Estados Unidos o
la propia Australia aparecen incluidos en un grupo
que la misma ONU llama "países restantes"?
Ginebra igual
Si en algo parece no equivocarse la carta geográfica
del CDH es en haber incluido, océanos de por medio,
a estos "países restantes" en el área de influencia
democrática de Europa Occidental. Con lo cual, dicho
sea de paso, escamotean asientos a los pocos que
pueden dar lecciones en este sentido.
Una vez más, la sección de Derechos Humanos de la
ONU deja en manos de los delincuentes el poder para
decidir cuáles gobiernos cometen delitos y cuáles
no. En estas circunstancias cualquier resolución
presentada por un consejo de países que violan
sistemáticamente los Derechos Humanos contra otro
que construye con eficacia una democracia justa,
podrá tener cabida en el nuevo CDH. Y, por supuesto,
el historial delictivo de cualquier Estado miembro
contará muy poco si sus aliados en este ámbito le
sirven de comodines para escapar de las condenas.
Nada ha cambiado en Ginebra. Por lo pronto, lo único
que ha logrado la antigua Comisión ha sido, tras un
año de cierre por obras, que en 2006 ningún país sea
condenado y que el capítulo de los Derechos Humanos
a escala internacional haya quedado reducido a una
barahúnda de cotilleos de la que siempre salen
victoriosos los más tenebrosos y asalariados, los
ineptos funcionarios de siempre.
Y lo peor, tras un cierre anual por obras se correrá
el riesgo de que las leyes que regirán el Consejo,
después de las elecciones del 9 de mayo, queden
fijadas por la carta de la ONU justiciera por unos
sesenta años más.
URL:
http://www.cubaencuentro.com/es/encuentro_en_la_red/internacional/articulos/cierre_por_obras
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